Khalid todavía recuerda la primera vez que escuchó hablar sobre drones. Tenía 10 años y estaba sentado en el aula de su escuela en Khogyani, un distrito cerca de la Línea Durand, en la provincia oriental de Nangarhar (Afganistán). Un grupo de amigos hablaba animadamente sobre la reciente muerte de un vecino.

«Entonces apareció el dron», dijo uno de ellos, imitando el silbido de una aéreo nave no tripulada «y el hombre ya estaba muerto».

Khalid no entendía lo que decían. Era como si fuera el único que no supiera un secreto. Al final decidió preguntar a su maestro. ¿Qué querían decir los otros chicos? ¿Qué era un «dron»?

La respuesta del maestro fue preocupante y profética. «Es algo de lo que, cuando te des cuenta de que está, no te dejará vivir», le explicó a Khalid.

Eso ocurrió en 2007. Khalid es ahora un chico joven: tiene 22 años. La participación militar estadounidense en Afganistán, provocada por los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, ya duraba seis años cuando aprendió lo que eran los drones, pero los ataques con drones llevaban casi el mismo periodo de tiempo.

El primer caso de un dron que mató a civiles en Afganistán fue en 2002, cuando un hombre llamado Daraz Khan fue asesinado por un misil Hellfire lanzado por el dron Predator en la provincia oriental de Khost (Afganistán). Estados Unidos sospechaba que esa persona era Osama bin Laden. Sin embargo, los residentes sostienen que Khan simplemente estaba buscando chatarra.

Desde entonces, la provincia de Khalid, Nangarhar, se ha convertido en un punto de encuentro de los grupos armados: primero, de los talibanes y después de las fuerzas que reclaman lealtad al ISIS, en un entorno asediado por el tráfico de drogas. También se ha convertido en una de las provincias más bombardeadas con drones en el país más bombardeado con drones del mundo.

Sin embargo, la sociedad estadounidense lo ha olvidado en gran medida. La guerra en Afganistán se lleva librando 18 años, lo que la convierte en el conflicto más largo en la historia de Estados Unidos (en febrero de 2019 superó el récord anterior, el de la guerra de Vietnam). Con los años, la cobertura mediática ha caído drásticamente. Según el Pew Research Center for Journalism and the Media (EE.UU.), Afganistán representó el 1 % de toda la cobertura mediática en EE. UU. en 2007 y poco menos del 4 % en 2010, cuando el Pentágono desplegó a 100.000 soldados y arrojó 5.101 bombas sobre este país. Actualmente, la cobertura es insignificante: el Pew Research Center for Journalism and the Media ya no sigue monitorizando este tema.  

De hecho, la actividad militar en Afganistán está aumentando de nuevo. El número de tropas estadounidenses allí ha vuelto a subir con la administración Trump: ahora hay 15.000 militares estadounidenses desplegados oficialmente en este país. Los ataques aéreos están en un nivel récord, según el Mando Central de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. En 2018, las fuerzas estadounidenses lanzaron 7.362 bombas sobre Afganistán.

Al 31 de agosto de este año, la organización The Bureau of Investigative Journalism ha documentado al menos 4.251 ataques aéreos en Afganistán en 2019, más del doble del total de todo 2018. Se cree que la mayoría de ellos han sido por drones. Estos ataques están cobrando un precio cada vez mayor en el pueblo afgano. Según Naciones Unidas, este año, por primera vez desde que su misión en Afganistán comenzó a registrar bajas civiles en 2009, las fuerzas de la coalición extranjera fueron responsables de más muertes de civiles que las de los talibanes o las fuerzas aliadas de ISIS. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las fuerzas militares internacionales fueron responsables del 89 % de las 519 víctimas civiles (363 muertes y 156 heridos) causadas por operaciones aéreas.

Sin embargo, no solo la guerra de drones se ha expandido tan drásticamente. El Ejército estadounidense también ha utilizado esta guerra para probar y mejorar otras tácticas.

La dificultad para documentar los ataques de drones. Por Jessica Purkiss

Hace casi una década, empezamos a llevar un registro sobre los ataques aéreos y los de drones estadounidenses en Yemen, Somalia y Pakistán, y en 2015 añadimos a Afganistán a esa lista. Lo hicimos en respuesta al silencio oficial que rodeaba estas operaciones. Y aunque con el tiempo las operaciones antiterroristas estadounidenses se han vuelto algo menos secretas, el nivel de transparencia cambia constantemente. En septiembre de 2016, después de más de un año de presión, empezamos a recibir las cifras militares oficiales sobre cuántos ataques se llevaban a cabo en Afganistán cada mes. Sin embargo, un año después, esa misma información fue considerada de repente demasiado sensible para su divulgación pública.

Cuando se restableció un año después, nos alegramos de ver incluidos algunos detalles importantes, como dónde iban dirigidos los ataques y qué objetivos tenían. Esto mostró una gran cantidad de ataques a edificios, descritos por un experto como el tipo de ataques con más riesgo para los civiles. Pero dos semanas después de que publicásemos un artículo que planteaba estas preocupaciones, ese tipo de detalles fue eliminado de los datos.

La transparencia, o la falta de ella, puede tener un impacto muy real para los civiles en el terreno. En Wardak, una provincia afgana, un ataque mató a toda la familia más cercana de un hombre, incluidos sus siete hijos. El Ejército estadounidense negó su responsabilidad en ese caso en tres ocasiones distintas, incluso nos dijo que no llevaban a cabo ataques en esa zona. Después de que encontráramos fragmentos de armamento en ese sitio que demostraban de manera concluyente la responsabilidad de Estados Unidos, admitieron haber arrojado la bomba (aunque todavía niegan las víctimas civiles). Si no se hubieran encontrado esos fragmentos, el papel de EE. UU. en este incidente podía no haberse descubierto nunca.

Una guerra de desinformación 

En 2007, las fuerzas estadounidenses empezaron a tomar fotografías, huellas dactilares y a escanear los iris de casi todos los afganos con los que se encontraban. En 2011, casi dos millones de personas, más del 5 % de la población, tenían sus datos biométricos registrados por el Ejército estadounidense. En la mayoría de los casos, se aseguraba que ese proceso se realizaba como una forma de comprobar a los militantes sospechosos o como parte del procedimiento para solicitar empleo y trabajar con las fuerzas de seguridad del Gobierno o en las bases de coalición, pero en realidad podía pasar en casi cualquier momento y por casi cualquier razón.

El humo se eleva desde el pueblo de Esferghich después de un ataque aéreo estadounidense.

Foto: El humo se eleva desde el pueblo de Esferghich (Afganistán) después de un ataque aéreo estadounidense. Créditos: AP / Marco Di Lauro

El Pentágono afirmó que este movimiento era una táctica llamada «dominación sobre la identidad» y tenía la intención de detectar a los insurgentes y evitar la infiltración. Pero se cree que los Navy Seals de EE. UU. usaron ese sistema de identidad para confirmar que habían encontrado a Osama bin Laden durante la redada en su recinto en Pakistán en 2011. En Irak, donde EE. UU. había intentado previamente el registro biométrico, se utilizó para controlar los movimientos de las personas, especialmente en áreas de gran conflicto como Fallujah.

Como es de esperar, el miedo a la vigilancia es generalizado entre los afganos. Circulan rumores sobre las nuevas técnicas que se utilizan para espiar a las personas: Khalid y su amigo Naimatullah hablan sobre una sustancia que se puede introducir en la ropa para que sea más fácil de rastrear. Aparentemente, esto ha llevado a un nuevo mecanismo de defensa entre el pueblo de Nangarharis. «Simplemente hay que quitar la ropa y mojarla. Se cree que de alguna manera eso interfiere las señales», explicó Naimatullah.

El analista residente en Kabul (Afganistán) de la Red de Analistas de Afganistán, que ha escrito extensamente sobre operaciones aéreas, Obaid Ali, cuenta que le han hablado de dispositivos de rastreo físico, aunque un poco más tradicionales. «Son dispositivos electrónicos muy pequeños que se introducen en la ropa de alguien», me explicó.

Una portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. aseguró que el Pentágono no podía comentar sus tácticas, técnicas o procedimientos por razones de seguridad operativa. El candidato presidencial, que fue dos veces jefe de inteligencia de Afganistán entre 2010 y 2015, Rahmatullah Nabil, afirma que definitivamente se rastrea a las personas, pero que la mayor parte se lleva a cabo mediante las señales de los teléfonos móviles. Esto, según Nabil, ha llevado a los talibanes a confiar en algunas tácticas conocidas para evitar su rastreo: «Usan los teléfonos móviles más sencillos posibles y cambian constantemente su ubicación cada pocas horas. Nunca pasan más de 48 horas en una zona».

En muchas áreas del país, el servicio telefónico se cae, generalmente por los talibanes, al anochecer. Y en agosto, los talibanes anunciaron que empezarían a atacar a los empleados del proveedor estatal Salaam Telecom, afirmando que los trabajadores de la compañía estaban «vinculados a las agencias de inteligencia».

En muchas zonas bajo control talibán, el simple hecho de poseer un smartphone puede hacer sospechar que su dueño es un agente de inteligencia. Eso significa que, a pesar de que las personas suelen usar sus teléfonos para llamar a sus seres queridos después de un ataque terrorista o de una operación de seguridad, algunos han optado por renunciar a ello por completo.

Pero incluso después de deshacerse del teléfono móvil, de evitar toparse con soldados estadounidenses patrullando y mantener su información biométrica a salvo, aún es posible que acaben atrapados en la guerra.

La «madre de todas las bombas»

El dispositivo que cayó en abril de 2017 sobre una pequeña aldea en el distrito de Achin en la provincia de Nangarhar, a una hora en coche por una peligrosa carretera desde Jalalabad (Afganistán), no era una bomba cualquiera. El Explosivo Aéreo de Artillería Masiva GBU-43 / B, o Massive Ordnance Air Blast (MOAB), pesaba 9.800 kilogramos y costaba 152.000 euros. Era el arma no nuclear más poderosa jamás utilizada, capaz de destruir un área del tamaño de nueve bloques urbanos. Rápidamente se hizo conocida como la «madre de todas las bombas».

El Gobierno afgano intentó justificar ese ataque asegurando que había matado al menos a 94 combatientes del ISIS. Pero el expresidente Hamid Karzai lo calificó como un excelente ejemplo de cómo Estados Unidos estaba utilizando a Afganistán para lo que equivalía a una guerra experimental. «Esta no es una guerra contra el terrorismo, sino el inhumano y más brutal abuso de nuestro país como campo de pruebas para armas nuevas y peligrosas«, escribió en Twitter.

Los residentes afganos limpian los escombros de sus hogares.

Foto: Los residentes afganos limpian los escombros de sus hogares. Créditos: Noorullah Shirzada / AFP / Getty Images

El exresponsable de inteligencia Nabil está de acuerdo. «¿Alguna vez usaron semejante arma en otro lugar del mundo? No», me dijo. «Está claro que Achin era solo un lugar apropiado para que probaran sus armas«.

El Gobierno afirma que la bomba mató a combatientes extranjeros de varios países. Pero en los días y semanas después del bombardeo, ese pueblo seguía bajo la vigilancia de los militares estadounidenses. A los periodistas no se les permitía acercarse a más de 10 kilómetros de distancia y se vio claramente que los militares locales y los funcionarios del Gobierno tampoco se les había dado acceso. En los dos años y medio que transcurrieron desde entonces, los periodistas e investigadores aún no han podido acceder al lugar exacto del ataque para averiguar lo que sucedió.

Entonces, ¿por qué se usó una bomba tan potente? Unos días después del bombardeo con MOAB, el vicepresidente de EE. UU. Mike Pence sugirió un motivo: como una demostración de poder. «En las últimas dos semanas», subrayó en un discurso en Seúl (Corea del Sur), «el mundo fue testigo de la fuerza y la resolución de nuestro nuevo presidente en las acciones realizadas en Siria y Afganistán. Corea del Norte no debería poner a prueba la determinación o la fortaleza de las fuerzas armadas de Estados Unidos en esta región». Y añadió: «La era de la paciencia estratégica ha terminado».

Violaciones de las leyes de la guerra sin investigar

Toda esta situación empeora porque el Ejército estadounidense no ha sido siempre tan transparente sobre sus operaciones. En un informe de 2018, Human Rights Watch concluyó que ni el Gobiernos estadounidense ni el afgano han hecho un esfuerzo para investigar las posibles violaciones de las leyes de la guerra.

Los afganos en el terreno están de acuerdo. He hablado con centenares de personas desde 2015, en provincias de todo el país. Siempre me han transmitido que no había suficientes personas investigando los ataques en sus regiones. E incluso cuando hay informes independientes, los funcionarios de Kabul y la coalición liderada por Estados Unidos los acusan de parcialidad política.

El periodista y escritor afgano-austriaco Emran Feroz, que lleva desde 2011 investigando sobre las operaciones aéreas en Afganistán, está de acuerdo: «El problema central es que la mayoría de estos ataques se realizan por la noche en áreas de difícil acceso, que suelen estar bajo el control o influencia de grupos como los talibanes, y eso dificulta que alguien pueda ir a investigarlo en un periodo te tiempo oportuno«.

Casi dos décadas después, y con el conflicto intensificándose de nuevo, no hay señales de que se vaya a llegar a un final. La diplomacia entre los talibanes, el Gobierno afgano y la administración Trump parece que progresa poco. Trump, que afirmó haber cancelado una reunión secreta con los talibanes en el territorio estadounidense prevista para septiembre, prometió suspender las conversaciones mientras los combatientes talibanes sigan atacando a los civiles afganos y a las fuerzas estadounidenses.

Aunque la inteligencia militar sea débil, los afganos no deben temer solo a los talibanes. En julio, la muerte de al menos siete civiles, incluidas tres mujeres, provocó protestas en la provincia oriental de Maidan Wardak, donde los residentes amenazaron con boicotear las próximas elecciones presidenciales a menos que se tomaran algunas medidas. Pero la protesta no ha hecho mucho para cambiar la acción militar. En septiembre, al menos 30 civiles murieron en un ataque con drones estadounidenses cerca de un campo de piñones en Khogyani. Las autoridades provinciales aseguran que el ataque estaba destinado a llegar a un escondite de las fuerzas de ISIS, pero los residentes afirman que fueron los civiles los que sufrieron de nuevo.

Nabil, el ex jefe de inteligencia, cree que la mejor manera de arreglar la situación es alejándose de la tecnología y volviendo a recoger adecuadamente los datos por parte de los servicios de inteligencia. «Debemos ser mejores que los talibanes; debemos asegurarnos de proteger la vida civil a toda costa«, destaca. Durante su mandato en la Dirección Nacional de Seguridad, las operaciones aéreas se permitían solo después de haber verificado la información sobre los objetivos sospechosos. «No se puede basar en las sospechas de solo una o dos personas. Se debe llevar a cabo la debida diligencia, de lo contrario se llega a una situación como la actual en la que nuestras fuerzas constantemente matan a los civiles», me explicó.

Khalid y Naimatullah coinciden en que la creciente frecuencia de los ataques no sirve para nada. «Incluso los aldeanos saben dónde están los talibanes y Daesh [ISIS], pero ¿por qué los civiles siguen muriendo en estos ataques?», se preguntan.

«Tenía 16 años cuando vi a una persona morir por un ataque de drones», recuerda Naimatullah. «Desde entonces he recogido muchos cuerpos, su sangre, sus cerebros… Mi corazón es de piedra ahora, porque siempre muere la gente que es inocente«.

Ali M. Latifi es periodista y vive en Kabul​ (Afganistán) 



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