Quito –

La reforma laboral que el Gobierno presentaría en las próximas horas, como parte de una ley urgente, tiene al menos cuatro aristas de cambio. Así lo explicó hace pocos minutos, el ministro de Trabajo Luis Arturo Poveda. De acuerdo con Poveda, el fin general de la reforma es que los trabajadores y empleadores puedan llegar a acuerdos para evitar la destrucción de empleos.

En el caso de que algún empresario quiera acogerse a este proceso de acuerdos entre trabajadores y empleadores, el empleador debe presentar de manera transparente la realidad financiera de la empresa y hacer el pedido oficial del acuerdo. Durante el proceso, la condición para los empleadores es que no realicen despidos y que tampoco se puedan repartir dividendos a los accionistas.

En este proyecto se introduce la figura de Contrato Especial Emergente, por tiempo definido, y que se aplicará a nuevas inversiones o líneas de negocios, pero también a empresas que atraviesan dificultades económicas. Este contrato tendrá una duración de dos años renovables por una sola vez. La jornada laboral en esta modalidad es de 20 horas y máximo 40 semanales que pueden ser distribuidas en 6 días a la semana. La remuneración será proporcional a la jornada pactada. Una vez que finalice el contrato emergente, este se renueva a tiempo indefinido.

En tercer lugar, el proyecto incluye la posibilidad de reducción emergente de la jornada de trabajo por caso fortuito. El empleador puede pedir reducción de la jornada hasta por dos años. El aporte al IESS se lo hará proporcional a la jornada reducida.

Como cuarta arista, se establecen nuevas reglas para el goce de vacaciones. Se indica que los empleadores podrán notificar al trabajador con obligación de tomar vacaciones devengadas o adelantar vacaciones por dos años.

Pese a que el proyecto dice que no se podrán hacer despidos, también establece que de cometerse este incumplimiento por parte de los empleadores, la sanción será aplicada según lo dispone el Mandato Constituyente 8. Esto es una multa de entre 3 y 20 salarios. Además deberán indemnizar al trabajador con tres meses adicionales a parte de lo que la ley establece, incluidas las bonificaciones de deshaucio.

Entre tanto, el ministro describió todos los acuerdos ministeriales previos que ha emitido desde que asumió esta Cartera de Estado. Así explicó que en este proceso de emergencia sanitaria, 361 000 trabajadores tanto públicos como privados se han acogido al teletrabajo. De otro lado, unas 22 856 empresas, donde están 355 679 trabajadores están al momento en jornada suspendida. También han acogido la reducción unas 3947 empresas, que tienen 98 090 trabajadores. En cuanto a la modificación de horarios de trabajo, al menos 1331 empresas con 16 533 trabajadores, se han acogido a esta figura.

Finalmente, el ministro aseguró que su Cartera ha recibido 3253 denuncias por los canales digitales de atención 3253 denuncias y por redes sociales 568 denuncias, sobre diversos temas. De ellas, 625 han sido por despidos intempestivos y terminación de contrato individual de trabajo.

Por su parte varios asambleístas se mostraron preocupados por los derechos de los trabajadores y pidieron explicaciones sobre varios despidos que han ocurrido en estos días.

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