Fecha de publicación: 2020-05-12 10:46:18
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Por estrategiaynegocios.net

El gobierno de El Salvador y la empresa privada enfrentan una nueva tensión en plena crisis por el covid-19.

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Representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) renunciaron al Comité del Fondo de Emergencia denunciando una serie de irregularidades.

Este comité fue fundamentado por el Decreto Legislativo 608, que establecía que este grupo definiría las transferencias y beneficiarios de los programas de rescate para los afectados por la crisis del covid-19 y que alcanzan los US$2.000 millones, cifra que el ministerio de Hacienda negocia vía préstamos internacionales.

Los privados denuncian falta de informes sobre la metodología de distribución de los US$300 a familias salvadoreñas al inicio de la cuarentena en marzo de 2020 y sobre las gestiones de los fondos, así como decisiones unilaterales por parte del Gobierno.

Pese a que los fondos no han ingresado a las arcas del Estado, en el ojo del huracán está la asignación y distribución de alrededor de US$450 millones que fueron entregados en bonos de US$300, que el comité reclama no fueron entregados de forma transparente y en el que no tuvieron decisión.

Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que los miembros del Consejo renunciaron porque “no se quisieron someter” a la declaración del patrimonio.

Mediante un comunicado el Gobierno dijo que “el presidente ha sido claro en establecer la transparencia como una de las características para el manejo de los fondos de la emergencia por covid-19”, señalando que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y la Corte de Cuentas auditan los gastos que se sufragaron mediante la emisión de Letras del Tesoro (LETES), deuda de corto plazo.

Al respecto, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Federico Hernández, respondió: «Lamentable. Obvio que no vamos a responder a una acusación tan burda», al referirse a una supuesta salida por negarse a presentar declaración de probidad.

Los representantes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) y de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) también salieron de esta mesa de trabajo, donde estaban junto con representantes del Gobierno.

Denuncian poca transparencia por parte del Gobierno

Fusades señalaba que a un poco más de un mes de ser juramentado el Comité, “no hemos encontrado las condiciones necesarias para poder crear dichos controles y ejercer el mandato que el Decreto Legislativo 608 le confirió a dicho Comité”.

Por su parte la Camarasal justificó su dimisión porque consideró que el Gobierno buscó limitar el trabajo de supervisión en la ejecución de los fondos e ignoró y gestionó iniciativas sin la supervisión de esta comisión.

La gremial se queja que “nunca se presentó a la Asamblea Legislativa la reforma al Decreto (Reforma Administrativa) que el Comité preparó de manera conjunta (los 11 miembros)” y que “iniciativas como transferencias directas, programas alimenticios, entre otros, se han gestionado fuera del comité” por parte del Gobierno.

Javier Simán, presidente de la ANEP, indicó que «los miembros del Comité no son funcionarios públicos ni se les delegó facultad de manejo de fondos», esto ante la postura del Gobierno sobre sus declaraciones patrimoniales.

Recomiendo a funcionarios de Gobierno lectura del art. 5 de la “Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos”, indicó en un tuit.

La gremial argumentó que el gobierno anuló la labor de supervisión que les fue encomendada al disponer «unilateral y anticipadamente» de los fondos que serían supervisados y auditados por el comité; sin que a la fecha hayan brindado, según la ANEP, informe de los fondos utilizados.

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Esta postura en redes sociales llevó a que el presidente Bukele no reconociera como representante de la empresa privada a Simán, quien está en el cargo de la Asolación desde finales de abril.

“La inmensa mayoría de empresarios en nuestro país, quieren salir adelante. La mayoría de gremiales empresariales (muchas nunca tomadas en cuenta) quieren trabajar por El Salvador y no anteponen sus intereses políticos al bienestar de todos. Con ellos trabajaremos, mano a mano”, agregaba el mandatario.

Bukele y Simán se han enfrentado en diversas ocasiones, desde la pasada elección presidencial, donde el ahora líder gremial fue precandidato por el partido Alianza República Nacionalista (Arena).

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En medio de la pandemia también han tenido discrepancias, sobre todo cuando entró en vigencia la nueva cuarentena especial el pasado 7 de mayo. Dos días antes, Simán compareció junto a funcionarios de Gobierno tras alcanzar acuerdos para reiniciar las actividades económicas; sin embargo, la presidencia emitió un decreto ejecutivo que reducía más la actividad empresarial por la suspensión del transporte público, entre otras medidas. La ANEP dijo que era inconsulto y violatorio de Derechos Individuales.

«Independiente de lo que el Gobierno pretenda, nosotros continuaremos diciendo la verdad, continuaremos buscando el diálogo y continuaremos trabajando por sacar el país adelante», escribió en Twitter el presidente de la ANEP, la tarde de este 12 de mayo.

Hasta el momento, privados y Gobierno no han llegado a acuerdos para establecer la hoja de ruta que seguirá El Salvador para reabrir la economía del país. Incluso, este 12 de mayo fue suspendida la sesión entre el Ministerio de Trabajo y las gremiales, donde se abordarían los protocolos que se pretenden implementar para volver en medio de la pandemia.

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